La Comisión Europea comenzará este domingo 1 de octubre a recopilar datos sobre las importaciones de cemento, acero, aluminio o fertilizantes a los que aplicará un arancel de acuerdo con la huella de carbono generada en su producción en el país de origen a partir de 2026.
El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus siglas en inglés) busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque, y tienen que pagar por sus derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
Por tanto, este domingo comenzó la fase “transitoria” de la aplicación de dicho arancel. En ella, los importadores de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno tendrán que informar, por un lado, el volumen de sus compras y, por el otro, el volumen de las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas durante su producción. “La fase transitoria servirá como un periodo de aprendizaje para todas las partes, se usará la información obtenida en este proceso para ajustar la metodología que se aplicará una vez se empiece a aplicar el gravamen en 2026” mencionó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Los datos reportados por las empresas importadoras tendrán que incluir las compras realizadas a partir del último trimestre de este año, aunque la información no será remitida por a las autoridades comunitarias hasta el 31 de enero de 2024. En este sentido, Bruselas también ha introducido una serie de “flexibilidades” en este primer año de recopilación de datos, como por ejemplo el uso de valores por defecto en las emisiones asociadas a las importaciones o la posibilidad de utilizar para estimarlas las normas de control y verificación del país de origen.
Por su parte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, responsable de Tributación, hizo énfasis en que este arancel es totalmente compatible con las normas de la OMC y, por ende, no constituye una herramienta de “proteccionismo comercial” sino de “protección de la ambición climática”.
