El pasado 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Nación (DOF) un decreto mediante el cual se anunciaba la ocupación temporal e inmediata de un tramo del ferrocarril concesionado a Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz por parte de la recién creada empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El decreto publicado considera, ahora, a dicho tramo de “utilidad pública” y será operado por la Armada de México.
Dicha acción busca, de acuerdo con el decreto presidencial, eliminar las fallas e ineficiencias en las cadenas de transporte, almacenamiento y distribución. Asimismo, pretende facilitar y agilizar la movilidad de bienes entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con el objetivo de ofrecer servicios con mayor valor agregado tanto en el comercio exterior como interior.
No obstante, la medida de ocupación anunciada por el gobierno mexicano contra Ferrosur -empresa perteneciente a Grupo México y encargada de brindar servicios de transporte de carga en la región sureste de México- detonó quejas y preocupaciones por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Dentro de sus principales señalamientos, consideraron que dicha acción es de extrema preocupación en tanto que pone en riesgo la certidumbre jurídica del Estado y, a su vez, a las inversiones de capital nacional y extranjero.
En este sentido, especialistas en el tema han advertido que la ocupación del tramo perteneciente a Grupo México podría detonar quejas y demandas ante los tratados internacionales en materia de comercio. El consultor Jorge Molina, experto en comercio internacional, señaló que en caso de que existan inversionistas estadounidenses y canadienses en el tramo concesionado a Ferrosur, el asunto entraría en el ámbito de competencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el caso de que efectivamente exista participación de inversión extranjera, los inversionistas tendrán que agotar los recursos internos y, posteriormente, podrían acudir a los mecanismos de arbitraje de inversión en el T-MEC y otros tratados bilaterales de inversión.
